Ante la proximidad del Juicio contra los represores en el marco de la causa "Jefatura de Policía", la abogada Laura Figueroa expone los argumentos que la llevan a determinar que en Argentina "NO HUBO UNA GUERRA" sino que "HUBO UN GENOCIDIO".
Por Laura Figueroa
Existe la certeza que el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga fue el único campo clandestino de detención y exterminio a partir del 24 de Marzo de 1976. Existe certeza que en Arsenal murieron alrededor de 1.000 personas. Existe certeza que allí fueron ejecutadas personas que estuvieron cautivas en otros CCD. Existe certeza que en Arsenales se perpetraron actos genocidas.
HECHOS HISTÓRICOS
PREPARACIÓN DEL CAMINO PARA EL GENOCIDIO:
Para analizar y valorar los hechos conceptualizados por el derecho penal internacional como delitos de lesa humanidad, se requiere que los mismos sean contextualizados en el período histórico que sucedieron. Por esta razón, comenzaré señalando:
Desde el año 1966 la Provincia de Tucumán fue escenario de grandes conflictos sociales-políticos-económicos a raíz de la destrucción de la economía provincial; los que fueron sofocados a través de mecanismos aprendidos en EEUU, Francia, Italia y Alemania., tales como: la confección de listas negras; infiltración en las organizaciones populares-educativos-políticos; crearon la figura del “enemigo de la patria” endilgándole a los luchadores democráticos; la aplicación de tormentos como método intimidatorio para lograr información; instalaron lugares de detención clandestinos, etc.
Por aquella época gobernaban de facto miembros del Ejército Argentino tras el derrocamiento del Dr. Arturo Ilía.
El pueblo finalmente derrota la dictadura de Onganía, Levignston, Lanusse y llaman a elecciones permitiendo que el peronismo gane para finalmente posicionar a Juan Domingo Perón en la presidencia por tercera vez, con él vuelve la esperanza pero no fue suficiente, los reclamos sociales y políticos continuaron hasta su fallecimiento.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón pretendió acallar el descontento popular con represión, persecución y muerte. La ilegalidad de los actos de gobierno debe ser analizada, pues los dictadores se escudan en la ilegalidad para justificar sus crímenes.
Antecedentes de la Represión Ilegal: Estado de Sitio
El gobierno de Isabel Martínez de Perón intentó desarticular las protestas populares implementando el estado desitio a través del decretó el 06 de septiembre de 1974 por tiempo indefinido, impidiendo el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales, de rango constitucionales, autorizando el empleo de las fuerzas paramilitares, entre ellas la Triple A, controladas por el Ministerio de Bienestar Social (López Rega) en coordinación con la policía, utilizando como pretexto, la existencia de grupos armados.-
La represión ilegal del gobierno de María Estela Martínez de Perón perfeccionó las “listas negras” confeccionadas durante la dictadura militar de Onganía, Levingston y Lanusse, incorporando a nuevos sectores de la sociedad como opositores. En las listas confeccionadas por organismos de inteligencia figuraban los nombres de dirigentes estudiantiles que habían protagonizado el “tucumanazo”, los nombres de dirigentes y activistas sindicales- barriales y sociales, que luego serían utilizadas por la dictadura militar de 1976.-
María Estela Martínez de Perón y José López Rega, con la anuencia de los demás ministros dieron inicio a la persecución contra cualquier persona, que no fuere simpatizante o complaciente con las medidas adoptadas por el gobierno, o que pudiere significar una antítesis en la línea cultural, religiosa, etc. . Es por ello, que en este periodo (1974/75), se nota claramente, los ataques a personas de la cultura, del derecho, organizaciones sociales, sindicales y políticas, utilizando métodos terroristas, como: instalación de bombas, secuestros, torturas y muerte a través del anonimato, la “triple A” hace estragos en esos sectores.-
La violencia instalada desde del régimen político para desarticular la resistencia social al plan económico (el “Rodrigazo” impuso una fuerte devaluación monetaria) y al ataque de los derechos civiles que habían sido cercenados, fracasó rotundamente. El gobierno sintió que estaba acorralado y debilitado por el descontento popular decidió alejarse aún más de la legalidad, entonces, utilizó la presencia de grupos políticos armados como el ERP, Montoneros y otros para dictar diversos Decretos autorizando a las Fuerzas Armadas a reprimir por métodos inconstitucionales, por cierto, el objetivo central fue otro: intentaba implantar un “modelo económico-político a favor de minorías privilegiadas”. Sabían que eso sería inviable si el pueblo continuaba resistiendo, por ello, no dudaron en aniquilar al ciudadano que luchaba en defensa del salario, por vivienda, educación, salud; en definitiva, por una vida digna. (Esto fue corroborado por la Comisión Bicameral Investigadora de violaciones a los Derechos Humanos).
Al Estado de Sitio le siguió el “operativo independencia”.
En Tucumán el operativo sirvió para encarcelar y/o asesinar a los obreros azucareros que luchaban desde 1966 contra el cierre de los ingenios, la desocupación y el hambre. Muchos autores entre ellos Mirta Mántaras, dice que el operativo fue montado para beneficiar a los propietarios de ingenios especialmente los Blaquier. “Aquí se aplicaron ilegalmente las doctrinas que desde 1960 era temática militar y que luego la extendieron en todo el país”.
OPERATIVO INDEPENDENCIA
“La Ferocidad y la Violencia son Crímenes que No Conocen los Soldados de la Libertad” (José de San Martín).
El Operativo Independencia fue implementado por Decreto 261/75, de fecha 09 de febrero de 1975, que dispuso:
“ Art. 1: “Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.-
“Art. 3: El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, que proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios policiales que le sean solicitados por el Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército), para el empleo de las operaciones precitadas”.-
“Art. 4: El Ministerio de Defensa adoptará las medidas pertinentes a efecto de que los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea presten a requerimiento del Comando General del Ejército el apoyo necesario de empleo de medios para las operaciones”.-
Una de las características del operativo fue la división del país por zonas, como sucedió en Alemania nazi, las que estarían bajo el mando de las Fuerzas Armadas. A partir de allí, los miembros más reaccionarios fueron ocupando lugares clave de la estructura castrense los que posteriormente dieron el golpe contra el sistema constitucional. Ellos son: Carlos Suarez Mason, Ramón díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Massera y otros.-
Éstos tenían especial interés en centralizar la información proveniente de la policía, de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia. Finalmente, toda la estructura represiva del Estado quedó bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Antonio Domingo Bussi en la Vª Brigada de Infantería de Tucumán a partir del 18 de Diciembre de 1975.-
A partir de allí, la represión a desarrollarse en nuestra provincia se habrá de llevar a cabo con la participación coordinada de todas las fuerzas de seguridad, bajo la conducción del comando militar. Esta coordinación habrá de expresarse de hecho en el transcurso de toda la represión ilegal y clandestina, materializándose en los siguientes casos:
Operativos conjuntos de secuestro de ciudadanos, donde intervienen efectivos policiales y militares.
Traslado de los secuestrados desde Centros clandestinos de detención bajo control policial (Ej. Jefatura de Policía) a otros centros similares (Ej. Escuelita de Famaillá) que funcionaba en asentamientos del Ejercito y viceversa.
Negativa de las autoridades policiales a recibir denuncias de secuestros
Falta total de instrucción de sumarios e investigación, en los casos aislados de familiares de la victima que interpusieron denuncia ante autoridades policiales, por la anuencia tácita o expresa (según los casos) del Poder Judicial Federal y Provincial.
Aceptación del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, sobre los procedimientos.-
Las FF.TT o Fuerzas de Tareas se instalaron a lo largo de las Ruta Nacional 38, precisamente donde están la mayoría de los ingenios azucareros, fábricas textiles y otras. El comando táctico adelantado estuvo ubicado en Famaillá, además de las ubicadas en Fronterita, en Los Sosa, en Santa Lucía y en Lules. Se amplió hacia Tafí Viejo, El Cadillal y Tapia.
El plan debía ser exitoso en poco tiempo, y por eso decidieron aplicar lo aprendido de los franceses y del nazismo como también de la instrucción recibida en La Escuela de las Américas; por eso establecieron que la subversión debía ser derrotada esencialmente por “tareas de inteligencia” como la confección de listas, seguimiento de personas, infiltración en la universidad, sindicatos, etc. Así consta en los “Planes Tácticos” escritos por Acdel Vilas.
Las tareas de inteligencia también comprendían los interrogatorios de las personas secuestradas en lugares clandestinos –llamados lugares de reunión de detenidos- fueron fundamentales para los oficiales de inteligencia pues allí desplegaron sus actividades criminales ocultos, a espaldas de la sociedad y del orden jurídico. Gracias a los tormentos lograron información, gracias al padecimiento lograron instalar miedo y desolación. El propio Vilas reconoció que la lucha se ganó lejos de los montes pues fue esencialmente de inteligencia.-
Existieron tres categorías de centros clandestinos de detención:
- “Chupaderos” (eran aquellos asentados por lo general en las comisarías de interior cercanas a los lugares donde se producía el secuestro, o asentamientos en bases militares o ingenios)
- “Campos Clandestinos de Detención” de tránsito, donde el detenido desaparecido era alojado con mayor permanencia, no obstante se habrían realizado traslado de prisioneros entre distintos “campos”.
- “Campos Clandestinos de Detención y Exterminio” fueron lugares donde la tortura, la servidumbre, las violaciones y los abortos eran constantes hasta proceder a la ejecución de las víctimas.
Dentro del Operativo Independencia y bajo la responsabilidad directa del comandante de la sub zona 32 actuaron como Centros Clandestinos de Detención los siguientes lugares:
Asentamientos Militares:
Ex Ingenio Lules – Tucumán- período 1.975/76
Ingenio Fronterita – Famaillá- Tucumán- Período 1.975/76
Base militar d Santa Lucía
Base Militar Ingenio La Corona
Base Militar Ex Ingenio Nueva Baviera
Base Militar Bella Vista
Base Militar Potrero de las Tablas
Dependencias Policiales:
Jefatura de Policía de Tucumán
Delegación Provincial de la Policía Federal
Escuela de Policía de la Provincia de Tucumán
Comisarías: de Famaillá, Monteros, Río Colorado, Las Cejas, Bella Vista, Tafí Viejo, Los Ralos, Río Seco, del Ingenio San Juan, San Pablo, Los Sosa, Villa Quinteros y de Lules
Subjefatura Regional Banda del Río Salí
Establecimientos Educacionales Del Estado:
Escuela Diego de Rojas de Famaillá “La Escuelita”
Escuela República del Perú
Escuela del Barrio El Palomar
Escuela 201 de Bella Vista
Departamento de Educación Física de la U.N.T.
Pabellón de la Ciudad Universitaria de San Javier
Dependencias Privadas:
Motel (ubicado por ruta 9 frente Arsenales, bajo control militar)
Conventillos de Fronterita (en propiedad Ingenio Fronterita)
Bajo control militar.
Fuentes:
- Informe publicado por Jose Luis D’Andrea Morh “Memoria Debida.
- Informe de la Comisión Bicameral por los derechos Humanos, Ley 5.599
El Operativo Independencia se llevó a cabo desde el inicio, violando todas las normas constitucionales y tratados Internacionales, produciendo el exterminio físico de quienes consideraban “Subversivos o guerrilleros”, interpretando así a la orden de aniquilar. Nunca optaron por la neutralización como accionar válido, por lo tanto, fueron muy pocos los detenidos sometidos a juicios, y muchos presos políticos carecieron de proceso judicial o causa que haya justificado la privación ilegal de la libertad.
En esos años los recursos de habeas corpus se presentaban de a cientos, las víctimas no aparecían, no se sabía a donde estaban ni porque se los habían llevado, nadie se hacía cargo, el terror invadió la Provincia y las ciudades quedaron sitiadas por el Ejército. Para ingresar o salir de las localidades donde habían instalado “bases militares” -en las proximidades de los ingenios azucareros- debían tener autorización o credencial; se transformaron en comunidades amordazas y cautivas.
Entre el número de personas armadas (alrededor de 200 según declaración del propio Vilas) y el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad dispuestas en el territorio provincial nunca guardó relación que la justificara, ya que estas últimas eran manifiestamente superiores y desproporcionadas (1.500). Sólo es atendible en el marco de la preparación del golpe militar, que se estaba gestando en los cuarteles. Así es, la cantidad de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad en rutas, ciudades, y pueblos solo se entiende si analizamos las declaraciones de las víctimas, testigos y el expreso reconocimiento de Andel Vilas que en Tucumán no hubo guerra sino una lucha de inteligencia y represión. El Estado Argentino nunca declaró la guerra pues nunca reconoció a ningún grupo como beligerante.
El Ejército dejó de lado la legalidad y los principios humanitarios heredados de la revolución francesa y la Revolución de Mayo. Como también, de las normas éticas propias del ejército sanmartiniano, de las normas internacionales del Derecho Humanitario, de la Constitución Nacional.
Acdel Vilas se adjudicó la derrota de la guerrilla - Jorge Rafael Videla lo confirmó – ¿Por qué dieron el Golpe?
A diez meses del inicio del Operativo Acdel Vilas manifestó haber derrotado a la guerrilla en Tucumán, y Jorge Rafael Videla proclamó el triunfo militar el 9 de febrero de 1976 en ocasión de conmemorarse el primer aniversario del operativo. El último enfrentamiento fue el 14 de diciembre de 1975. Sin embargo la represión criminal continuó..-
Vilas fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi el 18 Diciembre de 1975, quien amplió la represión hacía vastos sectores de la sociedad pues el plan genocida había comenzado a funcionar, escudado en los decretos dictados por Ítalo Luder Nº 2770 al 2772 de 1975, pues sin ningún disimulo pregonaban que “toda persona contraria al régimen era terrorista” tal cual lo definió Jorge Rafael Videla:
“El terrorismo no es sólo considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por atacar a través de ideas contrarias a la nuestra.”
La ausencia de límites en el accionar de las Fuerzas Armadas fue expresamente reconocida por el Teniente General Jorge Rafael Videla en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo en el año 1975. En tal oportunidad sostuvo que cualquier método sería válido para llevar a cabo el “Proceso de Reorganización Nacional”:
“En la Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país”.-
Por eso arremetieron contra un grupo de argentinos estigmatizados por el represor como contrario al orden occidental y cristiano.
Nadie puede ser exterminado por sus ideas. Sin embargo, en nuestro país sucedió todo lo contrario. Hubo más muertos en centros clandestinos de detención que muertos en enfrentamientos (alrededor de 86), sólo basta leer los informes de Acdel Vilas para saber que los muertos son el resultado del exterminio masivo de personas indefensas.
GOLPE MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976
Con el golpe militar, las fuerzas armadas se propusieron un ambicioso plan de gobierno: reorganizar la nación, renovar sus estructuras económicas, reformar las instituciones políticas y dar nuevos contenidos a los valores establecidos en el preámbulo constitucional. Entre los objetivos básicos se mencionaban la soberanía política, la moral cristiana, la tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la seguridad nacional, la erradicación de la subversión y de sus causas, y la inserción internacional del país en el “mundo occidental y cristiano”. En opinión del sociólogo Torcuato Di Tella, el proceso iniciado en 1976 constituyó una “intervención transformativa”, que tuvo la intención de “construir” una “nueva Argentina” a través de la modernización de la economía, el disciplinamiento de los sindicatos y la liquidación de la subversión izquierdista. Asimismo, Marcelo Cavarozzi caracteriza este régimen como “autoritario refundacional”, por su propósito de transformar al conjunto de la sociedad argentina e imponer un orden económico y social ortodoxo que eliminara todo vestigio de las políticas populistas de peronismo. Daniel Feierstein estableció el paralelismo entre el nazismo y proceso de reorganización nacional expresando que ambos períodos tuvieron como objetivo al aniquilamiento de colectivos humanos como un modo de destrucción y reorganización de relaciones sociales, para la conformación de un nuevo diagrama de poder.
Los países limítrofes suscribieron con Argentina, el Plan Cóndor, que permitieron secuestrar fuera del territorio argentino y trasladarlos a Argentina, y viceversa.
A Tucumán llegaron personas secuestradas de Bolivia y Paraguay; llegaron de las Provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y Buenos Aires. Por la magnitud de la represión, tuvieron que habilitar como CCD un establecimiento militar, sería el único, de estas características, en todo el Noroeste del País.
El golpe militar introdujo el “nuevo modelo” del ser argentino o nacional y el “nuevo orden” a través del Plan de Reorganización Nacional, por supuesto, a través de prácticas genocidas lograron instalar la idea que el argentino debía ser sumiso, católico conservador, no tercermundista, occidental, antimarxista, antiperonista, individualista, no solidario, no pensador libre.., pero también implementaron prácticas económicas que sometieron y endeudaron al pueblo argentino. Mientras unos pocos gozaban de la “plata dulce” la mayoría no llegaba a fin de mes y muchos sufrían el escarnio de las torturas en los centros clandestinos. Éstos últimos, fueron denominados “elementos subversivos” o “peligrosos para el accionar militar” así consta en el informe elaborado por Alberto Luis Cattaneo y obrante a fs 60/64 de la causa caratulada “Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición”. Expte Nro 262/76, en el que consigna, entre las diversas acciones a realizar, de particular significación para el “hecho político” a concretar, la Junta de Comandantes Generales ordenaba: “Detener a partir del día “D” , a la hora “H” a todas aquellas personas que la JCG establezca o aprueba para cada jurisdicción, que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las acciones militares necesarias para la toma del poder. En el mismo documento se determinó las “caracterización”, las “prioridades” de los individuos a detener, la constitución de los “equipos especiales militares” y/o “comisiones especiales “ para su ejecución y los “lugares de detención de personas”. En el mismo sentido se determinó que la “planificación a nivel cuerpo de los elementos a detener”, en principio se hará sobre la base de listas que cada Comando de Jurisdicción confeccionara y en todos los casos, deberán contar con la aprobación de la JCG . Es así como numerosas personas quedaron incluidas en la “Lista de personas a detener” del IIIer. Cuerpo del Ejército.
¿PODEMOS DECIR, QUE UN GRUPO NACIONAL FUE EXTERMINADO?
En la sentencia de la histórica causa 13/84 se dio por probada la mecánica de destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron: Proceso de Reorganización Nacional, y por eso condenaron a los ex integrantes de las Juntas Militares. Esa resolución expresó que el sistema puesto en práctica (secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad, homicidios masivos, y otros delitos), fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo. Por lo tanto, se determinó allí, la existencia de un plan consensuado; una organización criminal destinada a actuar en todo el territorio nacional –y en otros países a través del Plan Cóndor-, que sirviera para destruir el régimen político-social imperante en ese momento, y posibilitar de esa manera la existencia del ser nacional, occidental y cristiano en forma excluyente. El plan se llevó a cabo a través de acciones o prácticas de exterminio y destrucción idénticas a las descriptas por la Convención para la Prevención del delito de Genocidio.
Las prácticas genocidas están referidas a determinados actos ilícitos perpetrados por las fuerzas de seguridad contra miembros de un determinado grupo nacional o grupo diferenciado de argentinos con intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Los actos descriptos fueron llevados a cabo en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, pues fue elegido como centro de detención, tortura y exterminio masivo (más adelante mostraré los casos concretos).
En el marco del delito de Genocidio debemos interpretar el alcance de los delitos cometidos en Arsenal Miguel de Azcuénaga, de violación de domicilio, de privación ilegítima de la libertad agravada, en el marco del delito de Desaparición Forzada de Persona, Torturas agravadas, Torturas seguidas de muerte, Abortos, Violación de mujeres y Homicidios calificados, Robo de bebés, Matanza de miembros del grupo, Lesiones graves y gravísimas, pues la presente Convención contra el Delito de Genocidio establece que cualquiera de los actos mencionados son prácticas genocidas .
Que la magnitud de las matanzas efectuadas en este Centro Clandestino surge de testimonios. Cada quince días ejecutaban a los prisioneros y traían unos nuevos estimando que entre los secuestrados que fueron liberados y secuestrados muertos habrían sido mas de mil en total. “... traían mucha gente, los que al poco tiempo tenían un olor nauseabundo por la suciedad acrecentada por la plaga de piojos y por el olor a carne quemada que venia del pozo donde tiraban a los que mataban. (declaración de un imputado)
No presenta dificultades la inteligencia respecto de la descripción del obrar; esto es, que tanto la expresión “exterminio”, como “eliminación” o “destrucción”, denotan una conducta única que se satisface a través del obrar descripto por la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.-
El obrar genocida sobre el grupo nacional, como tal, puede darse en grupos que tengan lazos de identidad que aúnen más de una de las especificaciones nombradas por la Convención; es decir, que se trate de un grupo nacional y religioso, o étnico y religioso, etc.-
Lo que caracteriza al obrar genocida es que el represor los constituya en grupo; en grupo que, como tal, configura al sujeto pasivo de la destrucción o eliminación que desata el represor. El dato sustantivo, lo aporta el represor, el genocida. Antes bien, los casos históricos de genocidio acreditan que se trata de la situación concreta de un grupo, en un momento determinado y en un territorio también determinado. Ello refuerza, nuevamente, que es el represor quien constituye al grupo en sujeto pasivo de la represión genocida.-
Nada autoriza la discriminación o el trato desigualitario. Mucho menos el ser privado de la vida, libertad, o integridad física y síquica, o la pertenencia natural y biológica entre progenitores y su descendencia.-
El estigma, la desigualdad, la discriminación, la destrucción, eliminación, apropiación o sometimiento, los introduce el represor, quien ejerce un poder invencible al momento de perpetrar el obrar genocida.-
Sea que el represor los nomine como “delincuente subversivo”, “subversivo”, “delincuente terrorista”, “terrorista”, “guerrillero”, no se trata de una identidad innata, o adquirida por el ser humano mediante un acto voluntario de identificación con un todo o con un sector social. Es la etiqueta impuesta; el preanuncio de la próxima eliminación de todo ser humano que sea entendido o sospechado, por el represor, como portador del dato estigmatizante, aunque ese dato parta del propio represor.-
Este es el horror genocida: que alguien, que algún poder se sienta dueño de decidir quiénes pueden vivir y quiénes no.-
Lo que configura el crimen del genocidio es que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.-
El obrar genocida contiene, como vemos, un componente semántico: el represor nomina a quiénes serán sujetos pasivos de ese obrar. Y como no puede establecer una identidad en base a la biografía concreta de cada ser humano, genera vínculos colectivos de identificación y estigma. Responsabilidad colectiva donde se atribuye un género de pertenencia y se destruye, elimina, aniquila o desaparece, bajo invocación, desde el poder, de ese género de pertenencia al grupo.-
Fue una acción de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo sumamente heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen. Esto hechos imputados constituyen delito de genocidio.
En Argentina las Juntas Militares imponen en marzo de 1976, con el Golpe de Estado, un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, de miles de personas, en forma violenta. La finalidad de la dicha acción sistemática es conseguir la instauración de un nuevo orden -como en Alemania pretendía Hitler- en el que no cabían determinadas clases de personas -aquellas que no encajaban en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana occidental-. Es decir, todos aquellos que, según la Jerarquía dominante, no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad, obedeciendo a “consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo”. En función de este planteamiento se elaboró todo un plan de “eliminación selectiva” o por sectores de población integrantes del pueblo argentino, de modo que puede afirmarse, que la selección no fue tanto como personas concretas, ya que hicieron desaparecer o mataron a miles de ellas sin ningún tipo de acepción política o ideológica, como por su integración en determinados colectivos, Sectores o Grupos de la Nación Argentina, (Grupo Nacional) a los que en su inconcebible dinámica criminal, consideraban contrarios al Proceso.
En efecto, la selección para la eliminación física por sectores de población se distribuye de la siguiente forma, según los datos recogidos en el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de personas: Nunca Más): Obreros 30,2% Estudiantes 21 % Empleados 17,9% Docentes 5,7% Autónomos y otros 5% Profesionales 10,7% Amas de casa 3,8% Personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad 2,5%. Periodistas 1,6% Actores y artistas 1,3% Religiosos 0,3%. Estuvo perfectamente calculado en relación con el objetivo del “Proceso de Reorganización Nacional” basado en la desaparición “necesaria” de determinada “cantidad” de personas ubicadas en aquellos sectores que estorbaban a la configuración ideal de la nueva Nación Argentina Eran “los enemigos del alma argentina”, así los denominaba el General Luciano Benjamín Menéndez.
Un sociólogo argentino , seña al respecto de la división del territorio argentino en zonas de operación, subzonas y de los cientos de centros clandestinos de detención, lo siguiente: “...El exterminio se realizó con una velocidad y precisión que denotaron años de elaboración conceptual y aprendizaje previos. Los perpetradores no se privaron de aplicar ninguno de los mecanismos de destrucción de la subjetividad de experiencias genocidas o represivas anteriores. Los campos de concentración argentinos constituían un compendio de lo peor de las experiencias de los campos de concentración del nazismo, de los campos de internación franceses en Argelia o de las prácticas de contrainteligencia norteamericanas en Viet Nam. Figuras como la tortura por medio de la picana eléctrica, el submarino (sumergir sistemáticamente la cabeza de la víctima en un balde de agua hasta casi provocar su asfixia), la introducción de roedores al interior de los cuerpos humanos, la humillación y denigración cotidianas de los prisioneros, el maltrato, los golpes, el hacinamiento, el hambre, se sumaron algunas especificidades de la experiencia argentina como la tortura de prisioneros delante de sus hijos o la tortura de hijos o cónyuges de los prisioneros delante de sus padres o esposos y la apropiación ilegal (y la entrega a familias militares) de muchos hijos de los desaparecidos... .-
“La caracterización de grupo nacional es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se propusieron destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto.” Es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado en parte y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación...El aniquilamiento en la Argentina... se trata de la destrucción sistemática de una parte sustancial del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (Obra citada pág. 76).
En coincidencia con el fallo emitido en el caso “Etchecolatz”, reproduzco los siguientes conceptos:
“Las alusiones que muchas veces se escuchan respecto de casos como los aquí juzgados en cuanto a la necesidad de reconciliación, de mirar para adelante y de la inutilidad de revolver el pasado, son exactamente el punto opuesto a aquel derecho como productor de verdad al que aludía Foucault, único sobre el cual puede construirse válidamente la memoria, paso inicial indispensable para algún tipo de reparación y por sobre todo para prevenir nuevos exterminios.
“Que los imputados, además de sostener que se trató de una guerra, sostuvieron que el fin era aniquilar elementos subversivos o terroristas. Sin embargo esta afirmación ha sido totalmente desvirtuada en autos en el sentido de que no se defendían de personas o grupo subversivos sino que hubo una eliminación sistemática de personas que al decir de las juntas militares significaban un estorbo para el nuevo régimen instaurado.
NO HUBO GUERRA, HUBO GENOCIDIO.
Por Laura Figueroa
Existe la certeza que el Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga fue el único campo clandestino de detención y exterminio a partir del 24 de Marzo de 1976. Existe certeza que en Arsenal murieron alrededor de 1.000 personas. Existe certeza que allí fueron ejecutadas personas que estuvieron cautivas en otros CCD. Existe certeza que en Arsenales se perpetraron actos genocidas.
HECHOS HISTÓRICOS
PREPARACIÓN DEL CAMINO PARA EL GENOCIDIO:
Para analizar y valorar los hechos conceptualizados por el derecho penal internacional como delitos de lesa humanidad, se requiere que los mismos sean contextualizados en el período histórico que sucedieron. Por esta razón, comenzaré señalando:
Desde el año 1966 la Provincia de Tucumán fue escenario de grandes conflictos sociales-políticos-económicos a raíz de la destrucción de la economía provincial; los que fueron sofocados a través de mecanismos aprendidos en EEUU, Francia, Italia y Alemania., tales como: la confección de listas negras; infiltración en las organizaciones populares-educativos-políticos; crearon la figura del “enemigo de la patria” endilgándole a los luchadores democráticos; la aplicación de tormentos como método intimidatorio para lograr información; instalaron lugares de detención clandestinos, etc.
Por aquella época gobernaban de facto miembros del Ejército Argentino tras el derrocamiento del Dr. Arturo Ilía.
El pueblo finalmente derrota la dictadura de Onganía, Levignston, Lanusse y llaman a elecciones permitiendo que el peronismo gane para finalmente posicionar a Juan Domingo Perón en la presidencia por tercera vez, con él vuelve la esperanza pero no fue suficiente, los reclamos sociales y políticos continuaron hasta su fallecimiento.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón pretendió acallar el descontento popular con represión, persecución y muerte. La ilegalidad de los actos de gobierno debe ser analizada, pues los dictadores se escudan en la ilegalidad para justificar sus crímenes.
Antecedentes de la Represión Ilegal: Estado de Sitio
El gobierno de Isabel Martínez de Perón intentó desarticular las protestas populares implementando el estado desitio a través del decretó el 06 de septiembre de 1974 por tiempo indefinido, impidiendo el ejercicio de los derechos políticos, sociales y culturales, de rango constitucionales, autorizando el empleo de las fuerzas paramilitares, entre ellas la Triple A, controladas por el Ministerio de Bienestar Social (López Rega) en coordinación con la policía, utilizando como pretexto, la existencia de grupos armados.-
La represión ilegal del gobierno de María Estela Martínez de Perón perfeccionó las “listas negras” confeccionadas durante la dictadura militar de Onganía, Levingston y Lanusse, incorporando a nuevos sectores de la sociedad como opositores. En las listas confeccionadas por organismos de inteligencia figuraban los nombres de dirigentes estudiantiles que habían protagonizado el “tucumanazo”, los nombres de dirigentes y activistas sindicales- barriales y sociales, que luego serían utilizadas por la dictadura militar de 1976.-
María Estela Martínez de Perón y José López Rega, con la anuencia de los demás ministros dieron inicio a la persecución contra cualquier persona, que no fuere simpatizante o complaciente con las medidas adoptadas por el gobierno, o que pudiere significar una antítesis en la línea cultural, religiosa, etc. . Es por ello, que en este periodo (1974/75), se nota claramente, los ataques a personas de la cultura, del derecho, organizaciones sociales, sindicales y políticas, utilizando métodos terroristas, como: instalación de bombas, secuestros, torturas y muerte a través del anonimato, la “triple A” hace estragos en esos sectores.-
La violencia instalada desde del régimen político para desarticular la resistencia social al plan económico (el “Rodrigazo” impuso una fuerte devaluación monetaria) y al ataque de los derechos civiles que habían sido cercenados, fracasó rotundamente. El gobierno sintió que estaba acorralado y debilitado por el descontento popular decidió alejarse aún más de la legalidad, entonces, utilizó la presencia de grupos políticos armados como el ERP, Montoneros y otros para dictar diversos Decretos autorizando a las Fuerzas Armadas a reprimir por métodos inconstitucionales, por cierto, el objetivo central fue otro: intentaba implantar un “modelo económico-político a favor de minorías privilegiadas”. Sabían que eso sería inviable si el pueblo continuaba resistiendo, por ello, no dudaron en aniquilar al ciudadano que luchaba en defensa del salario, por vivienda, educación, salud; en definitiva, por una vida digna. (Esto fue corroborado por la Comisión Bicameral Investigadora de violaciones a los Derechos Humanos).
Al Estado de Sitio le siguió el “operativo independencia”.
En Tucumán el operativo sirvió para encarcelar y/o asesinar a los obreros azucareros que luchaban desde 1966 contra el cierre de los ingenios, la desocupación y el hambre. Muchos autores entre ellos Mirta Mántaras, dice que el operativo fue montado para beneficiar a los propietarios de ingenios especialmente los Blaquier. “Aquí se aplicaron ilegalmente las doctrinas que desde 1960 era temática militar y que luego la extendieron en todo el país”.
OPERATIVO INDEPENDENCIA
“La Ferocidad y la Violencia son Crímenes que No Conocen los Soldados de la Libertad” (José de San Martín).
El Operativo Independencia fue implementado por Decreto 261/75, de fecha 09 de febrero de 1975, que dispuso:
“ Art. 1: “Ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”.-
“Art. 3: El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, que proporcione y coloque bajo control operacional el personal y los medios policiales que le sean solicitados por el Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército), para el empleo de las operaciones precitadas”.-
“Art. 4: El Ministerio de Defensa adoptará las medidas pertinentes a efecto de que los Comandos Generales de la Armada y la Fuerza Aérea presten a requerimiento del Comando General del Ejército el apoyo necesario de empleo de medios para las operaciones”.-
Una de las características del operativo fue la división del país por zonas, como sucedió en Alemania nazi, las que estarían bajo el mando de las Fuerzas Armadas. A partir de allí, los miembros más reaccionarios fueron ocupando lugares clave de la estructura castrense los que posteriormente dieron el golpe contra el sistema constitucional. Ellos son: Carlos Suarez Mason, Ramón díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Eduardo Massera y otros.-
Éstos tenían especial interés en centralizar la información proveniente de la policía, de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), de la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia. Finalmente, toda la estructura represiva del Estado quedó bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Antonio Domingo Bussi en la Vª Brigada de Infantería de Tucumán a partir del 18 de Diciembre de 1975.-
A partir de allí, la represión a desarrollarse en nuestra provincia se habrá de llevar a cabo con la participación coordinada de todas las fuerzas de seguridad, bajo la conducción del comando militar. Esta coordinación habrá de expresarse de hecho en el transcurso de toda la represión ilegal y clandestina, materializándose en los siguientes casos:
Operativos conjuntos de secuestro de ciudadanos, donde intervienen efectivos policiales y militares.
Traslado de los secuestrados desde Centros clandestinos de detención bajo control policial (Ej. Jefatura de Policía) a otros centros similares (Ej. Escuelita de Famaillá) que funcionaba en asentamientos del Ejercito y viceversa.
Negativa de las autoridades policiales a recibir denuncias de secuestros
Falta total de instrucción de sumarios e investigación, en los casos aislados de familiares de la victima que interpusieron denuncia ante autoridades policiales, por la anuencia tácita o expresa (según los casos) del Poder Judicial Federal y Provincial.
Aceptación del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Provincia, sobre los procedimientos.-
Las FF.TT o Fuerzas de Tareas se instalaron a lo largo de las Ruta Nacional 38, precisamente donde están la mayoría de los ingenios azucareros, fábricas textiles y otras. El comando táctico adelantado estuvo ubicado en Famaillá, además de las ubicadas en Fronterita, en Los Sosa, en Santa Lucía y en Lules. Se amplió hacia Tafí Viejo, El Cadillal y Tapia.
El plan debía ser exitoso en poco tiempo, y por eso decidieron aplicar lo aprendido de los franceses y del nazismo como también de la instrucción recibida en La Escuela de las Américas; por eso establecieron que la subversión debía ser derrotada esencialmente por “tareas de inteligencia” como la confección de listas, seguimiento de personas, infiltración en la universidad, sindicatos, etc. Así consta en los “Planes Tácticos” escritos por Acdel Vilas.
Las tareas de inteligencia también comprendían los interrogatorios de las personas secuestradas en lugares clandestinos –llamados lugares de reunión de detenidos- fueron fundamentales para los oficiales de inteligencia pues allí desplegaron sus actividades criminales ocultos, a espaldas de la sociedad y del orden jurídico. Gracias a los tormentos lograron información, gracias al padecimiento lograron instalar miedo y desolación. El propio Vilas reconoció que la lucha se ganó lejos de los montes pues fue esencialmente de inteligencia.-
Existieron tres categorías de centros clandestinos de detención:
- “Chupaderos” (eran aquellos asentados por lo general en las comisarías de interior cercanas a los lugares donde se producía el secuestro, o asentamientos en bases militares o ingenios)
- “Campos Clandestinos de Detención” de tránsito, donde el detenido desaparecido era alojado con mayor permanencia, no obstante se habrían realizado traslado de prisioneros entre distintos “campos”.
- “Campos Clandestinos de Detención y Exterminio” fueron lugares donde la tortura, la servidumbre, las violaciones y los abortos eran constantes hasta proceder a la ejecución de las víctimas.
Dentro del Operativo Independencia y bajo la responsabilidad directa del comandante de la sub zona 32 actuaron como Centros Clandestinos de Detención los siguientes lugares:
Asentamientos Militares:
Ex Ingenio Lules – Tucumán- período 1.975/76
Ingenio Fronterita – Famaillá- Tucumán- Período 1.975/76
Base militar d Santa Lucía
Base Militar Ingenio La Corona
Base Militar Ex Ingenio Nueva Baviera
Base Militar Bella Vista
Base Militar Potrero de las Tablas
Dependencias Policiales:
Jefatura de Policía de Tucumán
Delegación Provincial de la Policía Federal
Escuela de Policía de la Provincia de Tucumán
Comisarías: de Famaillá, Monteros, Río Colorado, Las Cejas, Bella Vista, Tafí Viejo, Los Ralos, Río Seco, del Ingenio San Juan, San Pablo, Los Sosa, Villa Quinteros y de Lules
Subjefatura Regional Banda del Río Salí
Establecimientos Educacionales Del Estado:
Escuela Diego de Rojas de Famaillá “La Escuelita”
Escuela República del Perú
Escuela del Barrio El Palomar
Escuela 201 de Bella Vista
Departamento de Educación Física de la U.N.T.
Pabellón de la Ciudad Universitaria de San Javier
Dependencias Privadas:
Motel (ubicado por ruta 9 frente Arsenales, bajo control militar)
Conventillos de Fronterita (en propiedad Ingenio Fronterita)
Bajo control militar.
Fuentes:
- Informe publicado por Jose Luis D’Andrea Morh “Memoria Debida.
- Informe de la Comisión Bicameral por los derechos Humanos, Ley 5.599
El Operativo Independencia se llevó a cabo desde el inicio, violando todas las normas constitucionales y tratados Internacionales, produciendo el exterminio físico de quienes consideraban “Subversivos o guerrilleros”, interpretando así a la orden de aniquilar. Nunca optaron por la neutralización como accionar válido, por lo tanto, fueron muy pocos los detenidos sometidos a juicios, y muchos presos políticos carecieron de proceso judicial o causa que haya justificado la privación ilegal de la libertad.
En esos años los recursos de habeas corpus se presentaban de a cientos, las víctimas no aparecían, no se sabía a donde estaban ni porque se los habían llevado, nadie se hacía cargo, el terror invadió la Provincia y las ciudades quedaron sitiadas por el Ejército. Para ingresar o salir de las localidades donde habían instalado “bases militares” -en las proximidades de los ingenios azucareros- debían tener autorización o credencial; se transformaron en comunidades amordazas y cautivas.
Entre el número de personas armadas (alrededor de 200 según declaración del propio Vilas) y el número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad dispuestas en el territorio provincial nunca guardó relación que la justificara, ya que estas últimas eran manifiestamente superiores y desproporcionadas (1.500). Sólo es atendible en el marco de la preparación del golpe militar, que se estaba gestando en los cuarteles. Así es, la cantidad de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad en rutas, ciudades, y pueblos solo se entiende si analizamos las declaraciones de las víctimas, testigos y el expreso reconocimiento de Andel Vilas que en Tucumán no hubo guerra sino una lucha de inteligencia y represión. El Estado Argentino nunca declaró la guerra pues nunca reconoció a ningún grupo como beligerante.
El Ejército dejó de lado la legalidad y los principios humanitarios heredados de la revolución francesa y la Revolución de Mayo. Como también, de las normas éticas propias del ejército sanmartiniano, de las normas internacionales del Derecho Humanitario, de la Constitución Nacional.
Acdel Vilas se adjudicó la derrota de la guerrilla - Jorge Rafael Videla lo confirmó – ¿Por qué dieron el Golpe?
A diez meses del inicio del Operativo Acdel Vilas manifestó haber derrotado a la guerrilla en Tucumán, y Jorge Rafael Videla proclamó el triunfo militar el 9 de febrero de 1976 en ocasión de conmemorarse el primer aniversario del operativo. El último enfrentamiento fue el 14 de diciembre de 1975. Sin embargo la represión criminal continuó..-
Vilas fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi el 18 Diciembre de 1975, quien amplió la represión hacía vastos sectores de la sociedad pues el plan genocida había comenzado a funcionar, escudado en los decretos dictados por Ítalo Luder Nº 2770 al 2772 de 1975, pues sin ningún disimulo pregonaban que “toda persona contraria al régimen era terrorista” tal cual lo definió Jorge Rafael Videla:
“El terrorismo no es sólo considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por atacar a través de ideas contrarias a la nuestra.”
La ausencia de límites en el accionar de las Fuerzas Armadas fue expresamente reconocida por el Teniente General Jorge Rafael Videla en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos realizada en Montevideo en el año 1975. En tal oportunidad sostuvo que cualquier método sería válido para llevar a cabo el “Proceso de Reorganización Nacional”:
“En la Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país”.-
Por eso arremetieron contra un grupo de argentinos estigmatizados por el represor como contrario al orden occidental y cristiano.
Nadie puede ser exterminado por sus ideas. Sin embargo, en nuestro país sucedió todo lo contrario. Hubo más muertos en centros clandestinos de detención que muertos en enfrentamientos (alrededor de 86), sólo basta leer los informes de Acdel Vilas para saber que los muertos son el resultado del exterminio masivo de personas indefensas.
GOLPE MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976
Con el golpe militar, las fuerzas armadas se propusieron un ambicioso plan de gobierno: reorganizar la nación, renovar sus estructuras económicas, reformar las instituciones políticas y dar nuevos contenidos a los valores establecidos en el preámbulo constitucional. Entre los objetivos básicos se mencionaban la soberanía política, la moral cristiana, la tradición nacional, la dignidad de ser argentino, la seguridad nacional, la erradicación de la subversión y de sus causas, y la inserción internacional del país en el “mundo occidental y cristiano”. En opinión del sociólogo Torcuato Di Tella, el proceso iniciado en 1976 constituyó una “intervención transformativa”, que tuvo la intención de “construir” una “nueva Argentina” a través de la modernización de la economía, el disciplinamiento de los sindicatos y la liquidación de la subversión izquierdista. Asimismo, Marcelo Cavarozzi caracteriza este régimen como “autoritario refundacional”, por su propósito de transformar al conjunto de la sociedad argentina e imponer un orden económico y social ortodoxo que eliminara todo vestigio de las políticas populistas de peronismo. Daniel Feierstein estableció el paralelismo entre el nazismo y proceso de reorganización nacional expresando que ambos períodos tuvieron como objetivo al aniquilamiento de colectivos humanos como un modo de destrucción y reorganización de relaciones sociales, para la conformación de un nuevo diagrama de poder.
Los países limítrofes suscribieron con Argentina, el Plan Cóndor, que permitieron secuestrar fuera del territorio argentino y trasladarlos a Argentina, y viceversa.
A Tucumán llegaron personas secuestradas de Bolivia y Paraguay; llegaron de las Provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca y Buenos Aires. Por la magnitud de la represión, tuvieron que habilitar como CCD un establecimiento militar, sería el único, de estas características, en todo el Noroeste del País.
El golpe militar introdujo el “nuevo modelo” del ser argentino o nacional y el “nuevo orden” a través del Plan de Reorganización Nacional, por supuesto, a través de prácticas genocidas lograron instalar la idea que el argentino debía ser sumiso, católico conservador, no tercermundista, occidental, antimarxista, antiperonista, individualista, no solidario, no pensador libre.., pero también implementaron prácticas económicas que sometieron y endeudaron al pueblo argentino. Mientras unos pocos gozaban de la “plata dulce” la mayoría no llegaba a fin de mes y muchos sufrían el escarnio de las torturas en los centros clandestinos. Éstos últimos, fueron denominados “elementos subversivos” o “peligrosos para el accionar militar” así consta en el informe elaborado por Alberto Luis Cattaneo y obrante a fs 60/64 de la causa caratulada “Vargas Aignasse Guillermo s/ secuestro y desaparición”. Expte Nro 262/76, en el que consigna, entre las diversas acciones a realizar, de particular significación para el “hecho político” a concretar, la Junta de Comandantes Generales ordenaba: “Detener a partir del día “D” , a la hora “H” a todas aquellas personas que la JCG establezca o aprueba para cada jurisdicción, que signifiquen un peligro cierto para el desarrollo de las acciones militares necesarias para la toma del poder. En el mismo documento se determinó las “caracterización”, las “prioridades” de los individuos a detener, la constitución de los “equipos especiales militares” y/o “comisiones especiales “ para su ejecución y los “lugares de detención de personas”. En el mismo sentido se determinó que la “planificación a nivel cuerpo de los elementos a detener”, en principio se hará sobre la base de listas que cada Comando de Jurisdicción confeccionara y en todos los casos, deberán contar con la aprobación de la JCG . Es así como numerosas personas quedaron incluidas en la “Lista de personas a detener” del IIIer. Cuerpo del Ejército.
¿PODEMOS DECIR, QUE UN GRUPO NACIONAL FUE EXTERMINADO?
En la sentencia de la histórica causa 13/84 se dio por probada la mecánica de destrucción masiva instrumentada por quienes se autodenominaron: Proceso de Reorganización Nacional, y por eso condenaron a los ex integrantes de las Juntas Militares. Esa resolución expresó que el sistema puesto en práctica (secuestro, interrogatorio bajo tormentos, clandestinidad e ilegitimidad de la privación de libertad, homicidios masivos, y otros delitos), fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la Nación y prolongado en el tiempo. Por lo tanto, se determinó allí, la existencia de un plan consensuado; una organización criminal destinada a actuar en todo el territorio nacional –y en otros países a través del Plan Cóndor-, que sirviera para destruir el régimen político-social imperante en ese momento, y posibilitar de esa manera la existencia del ser nacional, occidental y cristiano en forma excluyente. El plan se llevó a cabo a través de acciones o prácticas de exterminio y destrucción idénticas a las descriptas por la Convención para la Prevención del delito de Genocidio.
Las prácticas genocidas están referidas a determinados actos ilícitos perpetrados por las fuerzas de seguridad contra miembros de un determinado grupo nacional o grupo diferenciado de argentinos con intención de destruir, total o parcialmente, a ese grupo como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Los actos descriptos fueron llevados a cabo en el CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, pues fue elegido como centro de detención, tortura y exterminio masivo (más adelante mostraré los casos concretos).
En el marco del delito de Genocidio debemos interpretar el alcance de los delitos cometidos en Arsenal Miguel de Azcuénaga, de violación de domicilio, de privación ilegítima de la libertad agravada, en el marco del delito de Desaparición Forzada de Persona, Torturas agravadas, Torturas seguidas de muerte, Abortos, Violación de mujeres y Homicidios calificados, Robo de bebés, Matanza de miembros del grupo, Lesiones graves y gravísimas, pues la presente Convención contra el Delito de Genocidio establece que cualquiera de los actos mencionados son prácticas genocidas .
Que la magnitud de las matanzas efectuadas en este Centro Clandestino surge de testimonios. Cada quince días ejecutaban a los prisioneros y traían unos nuevos estimando que entre los secuestrados que fueron liberados y secuestrados muertos habrían sido mas de mil en total. “... traían mucha gente, los que al poco tiempo tenían un olor nauseabundo por la suciedad acrecentada por la plaga de piojos y por el olor a carne quemada que venia del pozo donde tiraban a los que mataban. (declaración de un imputado)
No presenta dificultades la inteligencia respecto de la descripción del obrar; esto es, que tanto la expresión “exterminio”, como “eliminación” o “destrucción”, denotan una conducta única que se satisface a través del obrar descripto por la Convención Internacional sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.-
El obrar genocida sobre el grupo nacional, como tal, puede darse en grupos que tengan lazos de identidad que aúnen más de una de las especificaciones nombradas por la Convención; es decir, que se trate de un grupo nacional y religioso, o étnico y religioso, etc.-
Lo que caracteriza al obrar genocida es que el represor los constituya en grupo; en grupo que, como tal, configura al sujeto pasivo de la destrucción o eliminación que desata el represor. El dato sustantivo, lo aporta el represor, el genocida. Antes bien, los casos históricos de genocidio acreditan que se trata de la situación concreta de un grupo, en un momento determinado y en un territorio también determinado. Ello refuerza, nuevamente, que es el represor quien constituye al grupo en sujeto pasivo de la represión genocida.-
Nada autoriza la discriminación o el trato desigualitario. Mucho menos el ser privado de la vida, libertad, o integridad física y síquica, o la pertenencia natural y biológica entre progenitores y su descendencia.-
El estigma, la desigualdad, la discriminación, la destrucción, eliminación, apropiación o sometimiento, los introduce el represor, quien ejerce un poder invencible al momento de perpetrar el obrar genocida.-
Sea que el represor los nomine como “delincuente subversivo”, “subversivo”, “delincuente terrorista”, “terrorista”, “guerrillero”, no se trata de una identidad innata, o adquirida por el ser humano mediante un acto voluntario de identificación con un todo o con un sector social. Es la etiqueta impuesta; el preanuncio de la próxima eliminación de todo ser humano que sea entendido o sospechado, por el represor, como portador del dato estigmatizante, aunque ese dato parta del propio represor.-
Este es el horror genocida: que alguien, que algún poder se sienta dueño de decidir quiénes pueden vivir y quiénes no.-
Lo que configura el crimen del genocidio es que el represor defina y decida cómo se integra el colectivo de sujetos, de seres humanos, sobre los que se ejercerá el obrar destructivo, eliminatorio, de aniquilamiento.-
El obrar genocida contiene, como vemos, un componente semántico: el represor nomina a quiénes serán sujetos pasivos de ese obrar. Y como no puede establecer una identidad en base a la biografía concreta de cada ser humano, genera vínculos colectivos de identificación y estigma. Responsabilidad colectiva donde se atribuye un género de pertenencia y se destruye, elimina, aniquila o desaparece, bajo invocación, desde el poder, de ese género de pertenencia al grupo.-
Fue una acción de exterminio, que no se hizo al azar, de manera indiscriminada, sino que respondía a la voluntad de destruir a un determinado sector de la población, un grupo sumamente heterogéneo, pero diferenciado. El grupo perseguido y hostigado estaba integrado por aquellos ciudadanos que no respondían al tipo prefijado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a instaurar en el país. El grupo lo integraban ciudadanos contrarios al régimen, pero también ciudadanos indiferentes al régimen. Esto hechos imputados constituyen delito de genocidio.
En Argentina las Juntas Militares imponen en marzo de 1976, con el Golpe de Estado, un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de guerra contra la subversión, de miles de personas, en forma violenta. La finalidad de la dicha acción sistemática es conseguir la instauración de un nuevo orden -como en Alemania pretendía Hitler- en el que no cabían determinadas clases de personas -aquellas que no encajaban en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana occidental-. Es decir, todos aquellos que, según la Jerarquía dominante, no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad, obedeciendo a “consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo”. En función de este planteamiento se elaboró todo un plan de “eliminación selectiva” o por sectores de población integrantes del pueblo argentino, de modo que puede afirmarse, que la selección no fue tanto como personas concretas, ya que hicieron desaparecer o mataron a miles de ellas sin ningún tipo de acepción política o ideológica, como por su integración en determinados colectivos, Sectores o Grupos de la Nación Argentina, (Grupo Nacional) a los que en su inconcebible dinámica criminal, consideraban contrarios al Proceso.
En efecto, la selección para la eliminación física por sectores de población se distribuye de la siguiente forma, según los datos recogidos en el informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de personas: Nunca Más): Obreros 30,2% Estudiantes 21 % Empleados 17,9% Docentes 5,7% Autónomos y otros 5% Profesionales 10,7% Amas de casa 3,8% Personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad 2,5%. Periodistas 1,6% Actores y artistas 1,3% Religiosos 0,3%. Estuvo perfectamente calculado en relación con el objetivo del “Proceso de Reorganización Nacional” basado en la desaparición “necesaria” de determinada “cantidad” de personas ubicadas en aquellos sectores que estorbaban a la configuración ideal de la nueva Nación Argentina Eran “los enemigos del alma argentina”, así los denominaba el General Luciano Benjamín Menéndez.
Un sociólogo argentino , seña al respecto de la división del territorio argentino en zonas de operación, subzonas y de los cientos de centros clandestinos de detención, lo siguiente: “...El exterminio se realizó con una velocidad y precisión que denotaron años de elaboración conceptual y aprendizaje previos. Los perpetradores no se privaron de aplicar ninguno de los mecanismos de destrucción de la subjetividad de experiencias genocidas o represivas anteriores. Los campos de concentración argentinos constituían un compendio de lo peor de las experiencias de los campos de concentración del nazismo, de los campos de internación franceses en Argelia o de las prácticas de contrainteligencia norteamericanas en Viet Nam. Figuras como la tortura por medio de la picana eléctrica, el submarino (sumergir sistemáticamente la cabeza de la víctima en un balde de agua hasta casi provocar su asfixia), la introducción de roedores al interior de los cuerpos humanos, la humillación y denigración cotidianas de los prisioneros, el maltrato, los golpes, el hacinamiento, el hambre, se sumaron algunas especificidades de la experiencia argentina como la tortura de prisioneros delante de sus hijos o la tortura de hijos o cónyuges de los prisioneros delante de sus padres o esposos y la apropiación ilegal (y la entrega a familias militares) de muchos hijos de los desaparecidos... .-
“La caracterización de grupo nacional es absolutamente válida para analizar los hechos ocurridos en la Argentina, dado que los perpetradores se propusieron destruir un determinado tramado de las relaciones sociales en un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial para alterar la vida del conjunto.” Es evidente que el grupo nacional argentino ha sido aniquilado en parte y en una parte suficientemente sustancial como para alterar las relaciones sociales al interior de la propia nación...El aniquilamiento en la Argentina... se trata de la destrucción sistemática de una parte sustancial del grupo nacional argentino, destinado a transformarlo como tal, a redefinir su modo de ser, sus relaciones sociales, su destino, su futuro” (Obra citada pág. 76).
En coincidencia con el fallo emitido en el caso “Etchecolatz”, reproduzco los siguientes conceptos:
“Las alusiones que muchas veces se escuchan respecto de casos como los aquí juzgados en cuanto a la necesidad de reconciliación, de mirar para adelante y de la inutilidad de revolver el pasado, son exactamente el punto opuesto a aquel derecho como productor de verdad al que aludía Foucault, único sobre el cual puede construirse válidamente la memoria, paso inicial indispensable para algún tipo de reparación y por sobre todo para prevenir nuevos exterminios.
“Que los imputados, además de sostener que se trató de una guerra, sostuvieron que el fin era aniquilar elementos subversivos o terroristas. Sin embargo esta afirmación ha sido totalmente desvirtuada en autos en el sentido de que no se defendían de personas o grupo subversivos sino que hubo una eliminación sistemática de personas que al decir de las juntas militares significaban un estorbo para el nuevo régimen instaurado.
NO HUBO GUERRA, HUBO GENOCIDIO.
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